2. Proveer infraestructura y soporte financiero. El sistema procesal penal debe tener una adecuada infraestructura, procesos administrativos eficientes, proyección efectiva y apoyo financiero suficiente.

3. Coordinar instituciones clave en Ecuador, específicamente tribunales, fiscalía, abogados privados y defensoría, policía nacional y otras instituciones de gobierno y organizaciones no gubernamentales.

4. Asegurar servicios de calidad a través de involucrar expertos locales, buscando establecer procedimientos que protejan los derechos del acusado y asegurando que los casos se procesen de manera expedita y por profesionales capacitados. De igual manera, se promoverá la constante evaluación del trabajo en base a formas de retroalimentación y consultas.